Turquía es un Estado democrático regido por el imperio de la ley. Las elecciones locales del 31 de marzo se llevaron a cabo pacíficamente en un ambiente democrático y transparente. Es esencial que la voluntad de los votantes se refleje en las urnas y todos deben respetar los esfuerzos legales y democráticos realizados en este contexto.

La fuente de legitimidad de las elecciones es la voluntad popular. El Consejo Supremo Electoral es la única autoridad para determinar cómo se manifiesta esta voluntad en las urnas, y evaluar y finalizar el proceso en relación con las objeciones.

Ningún país tiene la autoridad para intervenir en los resultados de las elecciones de otro país de manera contraria a la ley y la democracia, y, a considerarse a sí mismo como la fuente de legitimidad de los resultados. Los enfoques y hábitos antidemocráticos no pueden, de ninguna manera, eclipsar la madurez democrática de Turquía.

Los turcos demostraron su compromiso con la democracia a través de una alta participación en las elecciones locales del 31 de marzo. Por otro lado, la elección de las personas a favor de la estabilidad y la confianza también ha sido confirmada por los resultados del escrutinio.