La Ley del Estado-Nación Judío aprobada hoy por el Parlamento de Israel pisotea los principios universales del derecho y no tiene en cuenta los derechos de los ciudadanos palestinos de Israel.

La declaración de Jerusalén, que está bajo la ocupación israelí, como capital de Israel en la Ley, es nula y sin efecto para la comunidad internacional. La promoción de los asentamientos, cuya ilegalidad fue reafirmada recurrentemente por las resoluciones de las Naciones Unidas, en la misma Ley, nunca puede ser aceptada. La definición de la autodeterminación en la Ley como un derecho exclusivo para los judíos es el producto de una mentalidad obsoleta y discriminatoria.

La comunidad internacional también debe dar la reacción necesaria contra esta ley, que tiene como objetivo ocultar la ocupación en curso y las prácticas ilegales del gobierno de Israel en Palestina y descartar la visión de la solución de dos Estados.